Juzgados gallegos aplican retroactividad completa en el impuesto de las hipotecas

Una vez que el Gobierno aprobó el pasado 8 de noviembre el real decreto que establecía que es a las entidades bancarias a las que les corresponde el pago del impuesto sobre actos jurídicos de las hipotecas parecía que la controversia suscitada por esta cuestión estaba superada. Sin embargo, lo que no resuelve del todo el nuevo texto legislativo es la cuestión de la retroactividad y ya hay juzgados gallegos aplicándola.

En tres recientes sentencias dictadas por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Ribeira se estima la demanda de los clientes de una entidad bancaria al concluir que «la obligación de pago del tributo corresponde al acreedor hipotecario». Estos fallos, dictados en términos similares, hacen un repaso por la polémica suscitada por las sentencias contradictorias del Supremo con respecto a quién debe hacer frente al impuesto y señalan que la discrepancia jurisprudencial se basó en la interpretación de un artículo de la ley. Entiende la jueza que con la modificación incorporada por el real decreto del 8 de noviembre se disipan la dudas.

El texto aprobado por el Gobierno establece que «cuando se trate de escrituras de préstamo con garantía hipotecaria, se considerará sujeto pasivo al prestamista». En base a esto, el juzgado ribeirense es tajante: «Esta modificación permite considerar superadas las diversas interpretaciones» y da la razón a los demandantes.

En consecuencia, estas sentencias establecen que es a la entidad bancaria a la que corresponde la obligación de pago del impuesto de actos jurídicos documentados, con independencia, dice el fallo, de que en el real decreto se disponga su aplicación a «los hechos imponibles devengados a partir de su entrada en vigor». Cita la jueza que la propia modificación del texto legal expone que su finalidad no es otra que «garantizar la protección de los ciudadanos como consumidores», precepto que también establece la normativa europea en la que se fundamentan las resoluciones del juzgado ribeirense.

Por tanto, considera que, en base a eso, el cambio legislativo es aplicable con carácter retroactivo, una interpretación que en la práctica abre una nueva vía de debate.

Los tres casos de Ribeira que se han resuelto de forma favorable a los clientes, y que son muy anteriores a la entrada en vigor del real decreto aprobado en noviembre, fueron llevados ante los tribunales por un despacho de abogados. Uno de sus responsables tiene claras las consecuencias que tendrán estas resoluciones: «Son sentencias muy avanzadas que abren el camino a nuevas reclamaciones y otros posibles fallos en el mismo sentido, y a que esto acabe siendo objeto de discusión por el tribunal europeo, que será el que al final fije el carácter retroactivo del impuesto».

De momento hay muy pocas sentencias en España que vayan en contra del criterio seguido por el Tribunal Supremo hasta el mes pasado, y no son definitivas puesto que cabe recurso. En cualquier caso, para Pardavila «es una sentencia positiva que va en contra del Supremo y aplica la nueva normativa». Coincide con la interpretación que hace la jueza con respecto a la retroactividad y considera que su decisión es «justa».

Fuente: La Voz de Galicia

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